Fortalecen sanciones contra violencia sexual, ciberacoso y violación a la intimidad
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), el Congreso del Estado de Yucatán aprobó, por unanimidad, reformas al Código Penal para reforzar las sanciones contra la violencia sexual en el ámbito íntimo, un problema que se agrava en comunidades rurales e indígenas.
El dictamen, respaldado por diputadas y diputados de Morena, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y una legisladora sin partido, establece penas más severas para delitos como violación conyugal y sentimental, ciberacoso, ciberacoso sexual, además de tipificar el acecho como delito en la legislación local.
La diputada de Morena, Claudia Estefanía Baeza Martínez, subrayó que ninguna relación sentimental otorga derecho a violentar. “Ninguna mujer pierde sus derechos por tener pareja. Nadie tiene derecho sobre su cuerpo o dignidad. Este delito se perseguirá por querella y también de oficio cuando existan amenazas o riesgo para la víctima”, señaló. Agregó que los casos en los que la víctima sea menor de 15 años o no pueda resistir por condiciones físicas o mentales serán equiparados a violación.
Por su parte, la diputada sin partido Rosana de Jesús Couoh Chan destacó que esta reforma armoniza el Código Penal con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la normativa federal, ayudando a superar barreras culturales y territoriales que obstaculizan la atención estatal, especialmente en zonas indígenas.
En materia de ciberacoso sexual infantil, la reforma establece como imputable a quien entable comunicación con fines lascivos mediante engaño, intimidación o coacción a una persona menor de 18 años o incapaz de comprender el hecho, incluso con su consentimiento. También se adecua el tipo penal de ciberacoso a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La exposición de motivos señala que el ciberacoso causa daños psicológicos graves como depresión, ansiedad, ataques de pánico y aislamiento social, afectando de manera profunda el desarrollo de las víctimas.
Al tipificarse como delito el acecho, se establecen penas de prisión y multa para quien vigile, monitoree, persiga, intente contacto o utilice información personal de manera invasiva.
Reformas contra el abigeato y delitos apícolas
Durante la misma sesión, el Congreso aprobó un dictamen para endurecer las sanciones por abigeato, así como para incorporar como delito el robo de colmenas, abejas, panales, miel y equipo apícola, acciones que afectan directamente la economía rural del estado.
El diputado morenista Wilmer Monforte Marfil expuso que las nuevas penas responden a las necesidades actuales del sector agropecuario e incluyen castigos para quienes comercialicen, transporten o destruyan colmenas o alteren sus marcas.
La diputada del PAN, Manuela Cocom Bolio, coincidió en la urgencia de fortalecer el marco legal para combatir estos delitos que perjudican a productores y comunidades.
Otros acuerdos del Pleno
El Congreso aprobó también, por unanimidad, ajustes normativos a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y a la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública, con el fin de garantizar una transición ordenada y respetar los derechos adquiridos antes de la entrada en vigor del decreto.
Asimismo, se avaló la convocatoria dirigida a instituciones académicas y centros de investigación para ocupar un cargo honorario en la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
En Asuntos Generales, el diputado de Morena José Julián Bustillos Medina presentó una iniciativa para reformar la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para los animales utilizados en calesas turísticas, incluyendo certificación de salud, supervisión y sanciones por incumplimiento.
Durante la sesión hicieron uso de la tribuna las y los legisladores Naomi Peniche López, Alejandro Cuevas Mena, Álvaro Cetina Puerto, María Teresa Boehm Calero, Zhazil Méndez Hernández y Larissa Acosta Escalante.
