Poder Judicial de Yucatán impulsa justicia restaurativa para sanar conflictos familiares
Con el objetivo de fortalecer una impartición de justicia más humana, efectiva y con enfoque de derechos, el Poder Judicial de Yucatán inició la elaboración del Protocolo de Implementación de Justicia Restaurativa en Materia Familiar, una herramienta que busca no solo resolver conflictos legales, sino reparar el daño, reconstruir vínculos y contribuir a la paz social.
Para la construcción de este instrumento se conformó un grupo multidisciplinario integrado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alan Jesús Hernández Conde; la consejera de la Judicatura, María Ely Farfán Flores; juezas y jueces familiares; la directora del Centro Estatal de Solución de Controversias, Elma Gabriela Ávila Miranda; mediadores institucionales; la titular de la Unidad de Evaluación Psicológica y Trabajo Social del Consejo de la Judicatura, así como psicólogas y trabajadoras sociales.
El proceso contó además con el acompañamiento de la doctora Claudia Lizeth Villavicencio Guadarrama, referente en México y América Latina en justicia restaurativa familiar, quien aportó su experiencia para fortalecer el diseño técnico y metodológico del protocolo.
Este instrumento abarcará tanto la primera como la segunda instancia judicial, y permitirá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, consolidando la incorporación de la justicia restaurativa en el ámbito familiar del Poder Judicial del Estado.
Los trabajos se desarrollaron a través de mesas técnicas durante tres días consecutivos, en las que se definieron criterios, acuerdos y acciones estratégicas para colocar en el centro del proceso a las personas involucradas y, de manera prioritaria, a niñas, niños y adolescentes.
Al respecto, el magistrado Hernández Conde explicó que estas jornadas permitieron una articulación interinstitucional efectiva, en la que cada área aportó desde su ámbito de competencia para alinear criterios, delimitar responsabilidades y asegurar una implementación adecuada del modelo restaurativo.
“Construir justicia también implica generar espacios de diálogo técnico que den certeza a su aplicación. Estos encuentros nos permitieron definir con claridad cuándo y cómo derivar los asuntos familiares a procesos restaurativos, garantizando el control judicial, evitando la revictimización y protegiendo en todo momento el interés superior de niñas, niños y adolescentes”, subrayó.
Durante las sesiones se elaboraron herramientas operativas del protocolo, como guiones de entrevistas iniciales, criterios de viabilidad, planes de reparación del daño y rutas de seguimiento, en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Finalmente, el magistrado destacó que el enfoque restaurativo parte del reconocimiento del daño y su reparación integral, no solo desde lo jurídico, sino también desde las dimensiones emocional, relacional y social, para avanzar hacia una justicia que transforme los conflictos y fortalezca la convivencia.
